La Junta de Castilla y León ha acordado junto con los sindicatos establecer esta jornada laboral, de manera que los trabajadores públicos de esta comunidad autónoma se suman a las 35 horas semanales de las que disfrutan los empleados en Andalucía, Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla La-Mancha.
La medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio, con lo que más de 600.000 funcionarios de comunidades autónomas tendrán una jornada laboral de 7 horas al día. Esta implantación es fruto del acuerdo que han alcanzado los sindicatos y Función Pública el año pasado, cuando el responsable era Cristóbal Montoro. De hecho, tras las presiones por parte de los trabajadores públicos se ha podido llevar a cabo esta reducción, aunque el entonces ministro de Hacienda puso la condición de que las Administraciones debían cumplir los objetivos de estabilidad y los criterios de gasto. Así, la condición impuesta por Montoro en ese momento hace difícil que los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) vayan a gozar de esta jornada a corto plazo.
De esta forma, la situación varía en función de la Administración para la que se trabaje, ya que según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) “es preciso que la medida se extienda a las Administraciones, incluido el Estado”.
